pertenecientes a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, por lo que se inició que fueron encontrados en poder de ambos sujetos. 91En efecto, el Tribunal Constitucional chileno, en la causa rol 2701-2014, mediante sentencia de 1 de septiembre de 2015, considerando décimo séptimo, entiende infringido el derecho a la defensa porque en un procedimiento ejecutivo no se otorga al ejecutado “la posibilidad de impugnar la naturaleza ejecutiva del título, la condición indubitada del mismo y el cumplimiento de los requisitos formales y sustantivos que permiten sostener un relativo equilibrio procesal en las posiciones del acreedor y del deudor, respectivamente”. [Visitado el: 22 de septiembre de 2016]. Adentrarse en la vida y obra de Gustavo Adolfo Bécquer supone iniciar un viaje por un mundo de luces y sombras, donde al final lo que queda es la sensación de haber presenciado la historia de un hombre, que como tal, está sujeto a múltiples contradicciones. La contradicción entre el núcleo duro de la autopoiesis y el cinturón protector de los sistemas complejos va a generar una clara confusión de niveles lógicos, con extrapolaciones inadecuadas y pseudoexplicaciones. 1 de 2004): pp. De este modo, aquellas exigencias del debido proceso son aplicables a los procedimientos disciplinarios e, incluso, al seguido en contra de un funcionario del Poder Judicial16. . En este sentido, en el capítulo de novaciones hipotecarias, el porcentaje de hipotecas a interés fijo aumenta del 24,2% al 53,3%, mientras que el de hipotecas a interés variable disminuye del 75% al 44,9%, lo que demuestra, según Mato, la preocupación de los ciudadanos por la imparable subida del euríbor. [ Links ], 5.2. Procedimientos administrativos disciplinarios en Chile. Disponible en: Disponible en: http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=jurisupranac%3Ar%3A410e$cid=jurisupranac$t=document-frame.htm$an=JD_DCDHONU-GONZALESRIO$3.0 En efecto, la segunda de esas preguntas inquiere si aquellos procedimientos respetan las exigencias iusfundamentales del debido proceso. 119Artículo 130, inciso primero, de la Ley Nº 18.834, de 1989. . El influjo ejercido por las corrientes positivistas fue aquí clave. [Visitado el: 11 de julio de 2016]. No obstante, a partir de la interpretación de esos mismos textos jurídicos, los diversos organismos y tribunales han otorgado jerarquía iusfundamental a este derecho. En el ámbito internacional el derecho a la defensa abarca dos dimensiones. En consecuencia, la inobservancia de los plazos no afecta la regularidad de las actuaciones del procedimiento131. Nos hacemos eco de opiniones, como si fueran nuestras, a partir de noticias y comentarios realizados en los medios de comunicación, sin … Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/busqueda_casos_contenciosos.cfm?lang=es. Además de reconocer su relación sustancial con el derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos96, ha sostenido que la defensa técnica no se limita a la accesibilidad inicial a un medio de defensa, sino que se ha de manifestar en todos los estadios del procedimiento97. 144Contraloría General de la República, dictamen Nº 25.627, de 13 de mayo de 2010. Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=3272 Constituye una fórmula sin duda extremadamente vaga, como denuncia O´Donnell (2007), p. 383, al calificarla de “amplia y nebulosa”. 41Asamblea General de las Naciones Unidas (1985), números 7 y 2. Comencemos por recordar que la vía es la forma, plazos y términos en que un juicio debe ser llevado a cabo. Siguiendo a Bordalí, son todos aquellos derechos del ámbito procesal, excluidos los que constituyen el derecho a la tutela judicial23. De este modo, y en virtud de una decisión político jurídica expresa, este derecho fundamental se aplica a los procedimientos administrativos a través de los cuales se pretende determinar y hacer efectiva la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos. Por el contrario, al juzgador sí se le exige una fundamentación coherente con los hechos que han sido probados y con el Derecho aplicable. Consejo Superior de la Judicatura Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba Presidencia Carrera 6 N° 61-44 Piso 3 Edificio Elite. 109“El proceso penal debe ser público”, ordena el artículo 8.5 de la Convención Americana. 95Artículo 19, número 3, inciso segundo. 4) El derecho fundamental a la publicidad de los actos procesales se encuentra extremadamente restringido en los procedimientos administrativos disciplinarios, en un nivel que ni siquiera se advierte en la regulación procesal penal. [Visitado el: 5 de octubre de 2016]. Por el contrario, se aleja un tanto de la propuesta de García y Contreras (2013), pp. En realidad, podemos matizar, los campesinos se sentían ignorantes pero no lo eran. Palabras clave: Derechos fundamentales; Proceso debido; Responsabilidad disciplinaria de los funcionarios públicos. La Constitución chilena no menciona el derecho fundamental a la publicidad del proceso de manera expresa. 116Así, por ejemplo, el artículo 14.1 del Pacto menciona los casos en los que se podrá excluir a la prensa o al público luego de consagrar el derecho de toda persona a ser oída públicamente. En similar sentido, pero ahora en el ámbito administrativo, el Tribunal Constitucional ha sostenido que un acto administrativo que permite la baja o retiro del personal generado sin contradicción lesiona el derecho a la defensa69. . [ Links ], Ley Nº 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado. El principio de contradicción, por su parte, surge cuando la parte se opone a las pretensiones o impugnaciones sostenidas en su contra. 133Contraloría General de la República, dictamen Nº 72.396, de 10 de septiembre de 2015. 99Artículo 131, inciso segundo, de la Ley Nº 18.834, de 1989. [ Links ], Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Tibi c. Ecuador (Excepciones Preliminares, fondo, reparaciones y costas), sentencia de 7 de septiembre de 2004. El ser humano desarrolla estos valores a lo largo de su … La posición del Comité de Derechos Humanos no puede, sin embargo, ser aplicada en el orden interno. En efecto, se trata de autoridades que carecen de un adecuado proceso de nombramiento, de una duración establecida en el cargo y de una garantía contra presiones externas. 105-109. [ Links ], Bordalí Salamanca, Andrés (2009): “El derecho fundamental a un tribunal independiente e imparcial en el ordenamiento jurídico chileno”, en: Revista de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Nº XXXIII, segundo semestre de 2009), pp. De otro lado, el derecho a la asistencia letrada87. Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=244 Es efectivo que respetan los derechos fundamentales a un juzgador establecido por ley, con anterioridad a los hechos que ha de enjuiciar y legalmente competente. Con todo, conviene advertir que no resulta aplicable el decaimiento del acto administrativo, porque dicha institución se aplica a un acto terminal126, cuando han desaparecido los supuestos fácticos o jurídicos que se tuvieron en cuenta para la dictación del mismo127. La Contraloría ha justificado el secreto del sumario al afirmar que, si bien “tiene como uno de sus sustentos básicos el asegurar el éxito de la investigación y el resguardo del debido proceso, como se expresa en el referido oficio Nº 0639, del presente año, tal privacidad también posee como uno de sus fundamentos esenciales el resguardar la honra y el respeto a la vida pública de los funcionarios que, eventualmente, podrían tener comprometida su responsabilidad en los hechos que se investigan, toda vez que las conclusiones a que se llegue en dicho proceso sólo quedan a firme una vez que éste se encuentre totalmente tramitado”. Sin esta garantía, se vería conculcado el derecho de aquél a preparar debidamente su defensa”. 139Artículo 41, inciso cuarto de la Ley Nº 19.880, de 2003. En el relatado contexto el fiscal y el investigador aparecen dotados de amplias facultades para realizar la investigación y generar pruebas incriminatorias76, y con conocimiento exclusivo de los antecedentes de la misma gracias al secreto del sumario77. [Visitado el: 28 de junio de 2016]. Disponible en: Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_09_esp.doc Con todo, la jurisprudencia ha declarado inconstitucional la sanción aplicada en el contexto de un procedimiento disciplinario si el jefe superior del servicio que la dictó no es imparcial51. Disponible en: Disponible en: http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=28759&portal=4 En efecto, durante la etapa indagatoria rige el llamado “secreto del sumario”, en virtud del cual se priva tanto a las partes como a los terceros de la posibilidad de conocer los resultados de la carpeta investigativa117. I. El derecho fundamental al debido proceso y los procedimientos disciplinarios. Esta noción no es, sin embargo, del todo acertada desde el punto de vista del Derecho internacional de los derechos humanos. 111Navarro (2014), p. 52, con referencia al Tribunal Constitucional. respecto del artículo 6° de la Ley Nº 2.487, en autos sobre procedimiento voluntario de ejecución de prenda bancaria, caratulados “Banco de Crédito e Inversiones”, seguidos ante el vigésimo séptimo Juzgado Civil de Santiago bajo el rol Nº V-109-2014 (2015): Tribunal Constitucional de Chile, 1 de septiembre de 2015 (acción de inaplicabilidad, rol Nº 2701-2014). . Pues bien, como llegue a indicarte en un video anterior, la vía es un presupuesto procesal es decir independiente a que el demandado haga valer esta excepción, el juzgador debe estudiar su procedencia, esto puede incluso suceder en cualquier … 371-378. Exigencias del derecho fundamental al debido proceso. Los valores espirituales se relacionan con lo inmaterial, místico, mental o religioso. 68Corte Suprema de Estados Unidos, Caso Crawford v. Washington, apartado V, subapartado A, párrafo primero. Conviene destacar que, pese a tratarse de una ley relativamente reciente, no se entregan más precisiones sobre el alcance de la fundamentación que se exige. No olvidemos, el marco general, establecido en nuestro nuevo proceso penal, con relación a las medidas cautelares que restringen derechos fundamentales, por el Artículo 253 numeral 3 del CPP; que a la letra dice: “La restricción de un derecho fundamental sólo tendrá lugar cuando fuere indispensable, en la medida y por el tiempo estrictamente … En tercer lugar, todos los antecedentes reunidos durante la investigación sumaria o durante el sumario administrativo pueden ser utilizados para fundar la sanción disciplinaria que en definitiva se aplique. La doctrina jurisprudencial española, iniciada en la STC 31/1981, de 28 de julio, sostiene “que sólo pueden considerarse pruebas que vinculen a los órganos de la justicia penal las practicadas en el juicio oral. Por su parte, la Declaración Universal y la Constitución chilena nada expresan sobre la materia. Fiscalía Departamental de Santa Cruz, como una impresora, un scaner y un CPU, [Visitado el: 11 de julio de 2016]. Disponible en: Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/index.cfm?lang=es [ Links ], Corte Interamericana de Derechos Humanos (1987): Opinión consultiva OC 9/87. El aumento del indicador, que ya acecha el 3% espoleado por las subidas de tipos, está provocando un vuelco cada vez más pronunciado en el mercado hipotecario y laminando de forma paulatina las hipotecas fijas. [ Links ], Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Curauma S.A. respecto del inciso primero del artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, en los autos sobre recurso de hecho, de que conoce la Corte Suprema bajo el rol Nº 27.763-2016 (2016): Tribunal Constitucional de Chile, 6 de junio de 2016 (requerimiento de inaplicabilidad, rol Nº 3066-2016). El derecho fundamental a ser enjuiciado en un plazo razonable en los procedimientos disciplinarios. Vol. 5. 17, Nº 2), pp. Sólo podrán tener derecho a la contradicción de las testificaciones que se produzcan una vez cerrada la indagatoria, oportunidad en que gran parte de la prueba ya ha sido rendida. 84Tribunal Constitucional, rol 783-2007, sentencia de 31 de agosto de 2007, considerando décimo cuarto. 2. Pero para evidenciar la estupidez y la contradicción que vive el Gobierno de Biden, recordemos todos los actos, todas las acciones en las cuales ha participado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y otros diputados, en conversaciones con el Gobierno de Biden, recordemos todas las acciones, todas las conductas exhibidas por el … Derechos de propiedad intelectual reservados [Visitado el: 11 de Julio de 2016]. 43En efecto, el artículo 134 de la Ley Nº 18.334, de 1989, inciso primero, dispone que el jefe superior de la institución, el Secretario Regional Ministerial o el Director Regional de servicios nacionales descentralizados, según corresponda, “resolverá en el plazo de cinco días, dictando al efecto una resolución en la cual absolverá al inculpado o aplicará la medida disciplinaria, en su caso”. [ Links ], Requerimiento de inconstitucionalidad presentado por María Isabel Reyes Kokisch en contra del Auto Acordado Relativo al Procedimiento a Utilizarse para hacer Efectiva la Responsabilidad Disciplinaria de los Funcionarios y Empleados Judiciales, dictado el 13 de octubre de 1995 por la Corte de Apelaciones de Santiago y publicado en el Diario Oficial de 17 de noviembre de 1995 (2007): Tribunal Constitucional, 31 de agosto de 2007 (requerimiento de inaplicabilidad, rol Nº 783-2007). Recibido: Departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, esta mañana. años, fueron enviados a la cárcel de Palmasola preventivamente por tener en su En el ámbito internacional, la Declaración Universal sólo menciona dos de esas exigencias28 y el Pacto cuatro de las mismas29. Disponible en: Disponible en: http://www.scielo.cl/pdf/rdpucv/n33/a07.pdf Por otra parte, se analizan los procedimientos administrativos disciplinarios regulados en la Ley Nº 18.834, de 1989, en relación con cada una de las exigencias establecidas por el derecho fundamental al proceso debido. 99-137. Aquella reserva decae de manera progresiva para el funcionario afectado y para terceros. [Visitado el: 29 de junio de 2016]. No obstante, el Tribunal Constitucional le ha otorgado carácter iusfundamental al sostener que forma parte del derecho fundamental a un procedimiento racional y justo123. Disponible en: Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122011000200004&lng=es&nrm=iso 38, Nº 2), pp. Esto significa que la prueba se ha producido sin que el inculpado haya podido controvertirla al momento de producirse, lo que constituye una infracción al principio de contradicción80. Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=3298 “Como Ministerio Público se colectó las pruebas contundentes del 13 de diciembre de 1985 (Nº 2). Doctor en Derecho Universidad Carlos III de Madrid, España. Jurisprudencia internacional y extranjera, Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2007): Observación general Nº 32, El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. Se renovaron los siguientes cargos de elección popular: Presidente de la República.Jefe de Estado y de Gobierno electo … [ Links ], Contraloría General de la República, dictamen 72.396, de 10 de septiembre de 2015. 19Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2007) Observación General Nº 32, párrafo 16. 32El artículo 19, número 3, inciso quinto de la Constitución chilena textualmente dispone: “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”. [Visitado el: 28 de junio de 2016]. Sólo una vez que los procesos disciplinarios se encuentran totalmente tramitados, los documentos que les sirvan de sustento pierden la connotación de secretos y les resulta aplicable el principio de publicidad, pudiendo los interesados acceder al mismo. Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=3159 64Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2007) Observación General Nº 32, párrafo 7. Fax: 591-(2)2495312 En ese sentido, el Comité de Derechos Humanos, interpretando el derecho al juicio público contenido en el artículo 14.1 del Pacto, ha sostenido que “la sentencia, con inclusión de las conclusiones esenciales, las pruebas clave y los fundamentos jurídicos, se deberá hacer pública”134. Al respecto ver Rodríguez (2013). ser puestos a disposición del Ministerio Público. Por lo mismo, ha declarado que tanto los órganos administrativos como los judiciales deben someterse a las exigencias de un procedimiento racional y justo15. 1. 48Artículo 12 de la Ley Nº 19.880, de 2003. El primero de ellos es definido sobre genéricas exigencias de objetividad y probidad46. 42Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, caso Karttunen c. Finlandia (1992), párrafo 7.2. Así lo resolvió en el Caso Crawford v. Washington, apartado V, con invocación de precedentes. El texto de la Constitución chilena, por su parte, sólo recoge la segunda de las señaladas dimensiones, aunque de manera bastante limitada88. . El derecho fundamental a la igualdad procesal de las partes es acogido por los diversos instrumentos internacionales, aunque bajo diversas fórmulas semánticas. Concepto, iusfundamentalidad y consecuencias”, en: Ius et Praxis (Año 18, Nº 2), pp. [ Links ], Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966). En octubre, el 66% de las hipotecas sobre vivienda nueva se constituyeron a tipo fijo. Ambos sujetos fueron aprehendidos en flagrancia y trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen para ser puestos a disposición del Ministerio Público. . No obstante, en un sentido más amplio, la independencia consiste esencialmente en la no interferencia38, esto es, en que el juzgador cuenta con las condiciones necesarias para resolver el asunto sin presiones, influencias o injerencia de terceros39. En el tercer y último apartado se ofrecen las conclusiones, en las que se evidencia que, pese a ciertos aportes de la Ley Nº 19.880, los mencionados procedimientos administrativos disciplinarios se encuentran todavía muy lejos de las exigencias que derivan del derecho fundamental al debido proceso. 58Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2007) Observación General Nº 32, párrafo 8. ... En cuanto al contenido de una sentencia motivada, la Corte Interamericana ha sostenido que aquella debe evidenciar que se han tomado en cuenta tanto los alegatos de las partes como sus pruebas 137. Derecho fundamental a una sentencia motivada, 6.1. En definitiva, los procedimientos administrativos disciplinarios deben respetar el derecho fundamental al debido proceso por exigirlo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y expresas normas chilenas de jerarquía legal22. [ Links ], Obando Herrera, Sandra (1999): “El sistema acusatorio y el proyecto de reforma procesal penal”, en: Revista de Derecho, Universidad de Valdivia (vol. 120El artículo 8.1 de la Convención Americana dispone que toda persona tiene derecho a ser oída “dentro de un plazo razonable”. autoridad jurisdiccional que determinó la detención preventiva”, dijo el Fiscal 50Artículo 12 de la Ley Nº 19.880, de 2003. (el) informe policial de acción directa, entre otros, fueron valorados por la No obstante, la Convención Americana las menciona todas30 y la Corte Interamericana ha sostenido que constituye un principio básico del proceso justo31. En cuanto al tiempo y a los medios adecuados para preparar la defensa, la Corte Interamericana ha sostenido que este derecho fundamental exige que el imputado sea notificado que tiene tal calidad antes de su primera declaración89. 30El artículo 8º de la Convención Americana se refiere expresamente a los cinco requisitos del juez equitativo al exigir “un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley”. El director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, coincide en que «el mercado sigue en cifras récord, pese a que se empiezan a evidenciar síntomas de desaceleración». [ Links ], Contraloría General de la República, dictamen 25.627, de 13 de mayo de 2010. Teléfonos: 591-(2)2482040 - 591-(2)2495304 Entenderlo de otra manera importaría limitar indebidamente el alcance del derecho a la igualdad procesal de las partes. 2010), sin paginación. 15-41. Disponible en: Disponible en: http://www.revistadederecho.com/pdf.php?id=3050 SZL Palacio de Justicia “Fanny González Franco”, Carrera 23 N°. Al respecto la Corte Interamericana ha declarado que “se debe tomar en cuenta cuatro elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado, c) la conducta de las autoridades judiciales, y d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso”124. Jurisprudencia administrativa chilena, Contraloría General de la República, dictamen 86.579, de 30 de noviembre de 2016. la seguridad de servidores públicos y Robo agravado. De nuevo surge la contradicción de que son los votantes de Podemos quienes más respaldan al presidente. En efecto, “el procedimiento consiste en una investigación secreta (encuesta), cuyos resultados constan por escrito, en actas que, a la postre, constituirán el material sobre la base del cual se dictará el fallo75. Desde esta perspectiva el concepto de parte debe ser entendido en un sentido más amplio como cada uno de aquellos intervinientes en el proceso que sostienen una determinada posición frente a quien debe resolver el caso. [Visitado el: 19 de junio de 2017]. Por su parte la Contraloría ha dictaminado que el acto administrativo que pone término al sumario se encontrará fundado, siempre que las razones que lo motivan -que deben explicitarse en el instrumento correspondiente-, sean de carácter objetivo, atingentes a la situación investigada, de acuerdo al mérito de los antecedentes del proceso y, en fin, ajustadas a derecho141. II. De este modo, la excesiva demora en la sustanciación de un proceso sumarial no afectará su validez, pero puede originar la responsabilidad administrativa de quienes ocasionaron ese retraso. . En concreto, y para el ámbito no penal, los derechos incluidos en el derecho fundamental al debido proceso son los siguientes: (1) derecho al juzgador equitativo, (2) derecho a la igualdad procesal de las partes, (3) derecho a la defensa, (4) derecho a la publicidad de los actos procesales, (5) derecho a ser juzgado en un plazo razonable, y (6) derecho a una sentencia motivada24. Por cierto, también es posible emprender esta tarea con la idea de solidaridad y retroceder así varios siglos 12.No obstante, por ahora interesa solamente volver a revisar el nexo entre libertad y solidaridad en el contexto originario del … [ Links ], Contraloría General de la República, dictamen 10.630, de 9 de febrero de 2015. Al respecto ver dictamen Nº 86.579, de 30 de noviembre de 2016, que reitera jurisprudencia administrativa en el mismo sentido. Así ocurrió, por ejemplo, en el caso Suárez Rosero c. Ecuador (1997), párrafo 72. . 40Corte Interamericana, caso Tribunal Constitucional c. Perú, 31 de enero de 2001, párrafo 75. No obstante, la jurisprudencia judicial ha declarado que sancionar al funcionario por hechos acaecidos con posterioridad al inicio del respectivo procedimiento administrativo atenta contra el derecho a defensa92. La segunda, en cambio, constituye una discriminación y, todavía más, una contradicción ontológica de la figura forzosa del arbitraje en cuanto tal, desde que el Estado, en ejercicio de su potestas y por mandato de ley, le impone a los ciudadanos un mecanismo de solución arbitral de sus controversias sobre derechos e intereses disponibles que, sin embargo, carece del mismo … 13Corte Interamericana, caso Tribunal Constitucional c. Perú, sentencia de 31 de enero de 2001, párrafo 71. Los valores espirituales son los comportamientos y creencias que se tienen como preferentes, relacionados con lo inmaterial, psíquico, mental, místico o religioso. Al respecto ha sostenido en la Opinión Consultiva 09 (1987), párrafo 28, que el “artículo 8º reconoce el llamado “debido proceso legal”, que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial”. Por una parte, se precisa el contenido de los mismos, con la finalidad de establecer el estándar conforme al cual serán evaluados los procedimientos disciplinarios. Conviene destacar que el órgano de control condiciona la legitimidad de la decisión derivada de un procedimiento disciplinario a la adecuada motivación del respectivo acto. Conviene advertir que en el caso de los dos primeros se establece respecto de todo proceso, mientras en el último se otorga específicamente en el ámbito penal. Key words: Fundamental Rights; Due Process of Law; Public Servant’s Disciplinary Responsibility. Se prohíbe expresamente la reproducción o copia de los contenidos de este sitio sin el expreso consentimiento de la ANF (c) 2016, Calle Capitán Castrillo Nº 409 (Esquina 20 de Octubre) 52Así, por ejemplo, la Corte de Apelaciones de Santiago sostuvo que no se atentaba contra el principio de imparcialidad si el fiscal instructor del sumario seguido contra un funcionario municipal se presentó poco antes como testigo en un juicio seguido en contra de ese mismo funcionario y a favor de la municipalidad en que se prestaban los servicios. Nada de esto caracteriza el ejercicio del cargo por parte del jefe superior de la institución, del Secretario Regional Ministerial o del Director Regional de servicios nacionales desconcentrados, que habitualmente son funcionarios de exclusiva confianza del Gobierno de turno. [ Links ], Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Valle Jaramillo c. Colombia (fondo, reparaciones y costas), sentencia de 27 de noviembre de 2008. Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=1076 10 de Enero de 2017; Aprobado: Disponible en: Disponible en: https://drive.google.com/file/d/0B44l5pHYhRzaYUVDcUFST0UwNnM/view Para efectos de enfrentar las dos cuestiones mencionadas el trabajo se vertebra en torno a tres apartados. 83El sistema acusatorio formal es aquel en el que las funciones de investigar y acusar, por una parte, y la de juzgar, por la otra, han sido entregadas a autoridades diversas. 53-76. 6. 80No obsta a esta conclusión el que la Contraloría haya sostenido en el dictamen 22.655, de 13 de abril de 2011, que “el cumplimiento eficaz del contradictorio en el probatorio, dependerá, entre otras medidas, de que el inculpado pueda presenciar la producción de la prueba en el proceso, lo que dada la naturaleza de las declaraciones de testigos, requiere de su observación en el momento en que éstas se presten. La audiencia de medidas cautelares se desarrolló este sábado Contenido del derecho fundamental a la defensa. [ Links ]. Las consecuencias sobre una tal declaración, sobre las que no resulta pertinente extenderse aquí, son sin duda significativas incluso desde el punto de vista constitucional. Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=30 [ Links ], Benítez Ramírez, Eugenio, (2007): “Reflexiones en torno a la propuesta de reforma al procedimiento civil chileno: II. 66Aunque algunos asimilan los principios de bilateralidad de la audiencia y de contradicción, como es el caso de Leal (1966), p. 230, se trata de máximas diferentes entre sí, aunque por cierto estrechamente vinculadas. Derecho fundamental a la publicidad del proceso, 4.1. [ Links ], Juan Acuña Torres y otro (2014): Corte de Apelaciones de Chillán, 30 de octubre de 2014 (acción de protección). [ Links ], Felipe Julio Humberto Cacciuttolo Silva (2015): Corte de Apelaciones de Valparaíso, sentencia de 4 de mayo de 2015 (acción de protección). Disponible en: Disponible en: https://doi.org/10.1016/S0041-8633(13)71126-8 El problema ha sido solucionado por la jurisprudencia judicial y, especialmente, por la administrativa. De otro lado, la actuación de las autoridades en las que concurran motivos de abstención no implica necesariamente la invalidez de los actos en los que hayan intervenido50. Sólo bajo un diseño acusatorio formal sería posible asegurar la igualdad entre quien pretende la imposición de una sanción administrativa disciplinaria y quien se defiende de ella83. respecto del artículo 303, inciso segundo, del Código Procesal Penal, en los autos criminales rol Nº 1665-2013, RUC 1310011194-7,, seguidos ante el Juzgado de Garantía de Quilpué, en actual tramitación ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, bajo el rol de ingreso Reforma Procesal Penal Nº 1264-2014 (2015): Tribunal Constitucional de Chile, 11 de junio de 2015 (acción de inaplicabilidad, rol Nº 2702-2014). Así lo ha entendido también la Contraloría, reconociendo la aplicación, en el ámbito disciplinario, del derecho a la defensa jurídica. Esto no se debe, como se ha visto, a la actividad del legislador, sino a la acertada jurisprudencia emanada de la Contraloría General de la República que ha precisado el significado de una resolución motivada y ha declarado arbitrarios e ilegítimos los actos administrativos que no satisfacen aquellas exigencias. Por último, conviene explicitar la relación que existe entre el derecho fundamental a la igualdad de medios procesales y los principios de bilateralidad de la audiencia65 y de contradicción66. Disponible en: Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_265_esp.doc Incendio, Asociación delictuosa, Impedir o estorbar el ejercicio de las funciones, El Tribunal Constitucional chileno ha enriquecido el contenido constitucional del derecho fundamental a la defensa letrada. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en adelante la Declaración Universal, por su parte, hace similar distinción en los artículos 10 y 1112. En efecto, y siguiendo la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, inicialmente consideraba sólo los tres primeros elementos mencionados en el texto principal. Disponible en: Disponible en: http://scm.oas.org/pdfs/2014/CP32727TEXTUAL.pdf (1999): Derecho procesal penal (Buenos Aires, Ediciones Del Puerto, segunda edición, primera reimpresión), Tomo I. [Visitado el: 29 de septiembre de 2016]. 20 de Julio de 2017,  Este es un artículo publicado en acceso abierto bajo una licencia Creative Commons, http://www.corteidh.or.cr/tablas/r32676.pdf, http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372011000200009, http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372007000300014&lng=es&nrm=iso, http://www.scielo.cl/pdf/rdpucv/n33/a07.pdf, http://www.scielo.cl/pdf/rchilder/v38n2/art06.pdf, http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1851-96012010000200002, https://drive.google.com/file/d/0B44l5pHYhRzaYUVDcUFST0UwNnM/view, http://www.revistadederecho.com/pdf.php?id=3050, http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122008000200018, http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-52002013000200007&script=sci_arttext, http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122011000200004&lng=es&nrm=iso, https://revistaderechopublico.uchile.cl/index.php/RDPU/article/view/35628, http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-09501999000100006&script=sci_arttext, https://doi.org/10.1016/S0041-8633(13)71126-8, http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-68512013000100020, http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=28759&portal=4, http://www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/docs/8th/HRI.GEN.1.Rev9_sp.doc, http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiDm-3Q1IzNAhXJdj4KHVn0BVMQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FDocuments%2FPublications%2FSDecisionsVol4sp.pdf&usg=AFQjCNENS4R2vaimcy-8Nov7qRqO2P2FCA, http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=jurisupranac%3Ar%3A410e$cid=jurisupranac$t=document-frame.htm$an=JD_DCDHONU-GONZALESRIO$3.0, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_265_esp.doc, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_192_esp.doc, http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/index.cfm?lang=es, http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/busqueda_casos_contenciosos.cfm?lang=es, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_35_esp.doc, http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_09_esp.doc, https://www.law.cornell.edu/supct/html/02-9410.ZO.html, http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/6695, http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=3298, http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=3272, http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=3271, http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=3159, http://www.tribunalconstitucional.cl/ver.php?id=3130, http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=3068, http://www.tribunalconstitucional.cl/ver.php?id=2822, http://www.tribunalconstitucional.cl/ver.php?id=2766, http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=2639, http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=2688, http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=1601, http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=1076, http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=729, http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=22, http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=30, http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=244, http://scm.oas.org/pdfs/2014/CP32727TEXTUAL.pdf. 99-121. En todo caso, el Tribunal Constitucional chileno se ha encargado de completar estas exigencias al sostener que todo juzgamiento debe proceder de un órgano independiente e imparcial33. El derecho fundamental a la defensa en los procedimientos administrativos disciplinarios se limita únicamente al derecho a la defensa técnica. La Ley Nº 18.575 extiende el derecho fundamental al debido proceso de manera específica a los procedimientos administrativos disciplinarios al establecer: “En el ejercicio de la potestad disciplinaria se asegurará el derecho a un racional y justo procedimiento”17. Según la relación de los hechos, el 5 de enero de 2023, se pudo evidenciar a través de redes sociales, la comercialización de los objetos pertenecientes a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, por lo que se inició operativos coordinados entre la Fiscalía y la Policía y se logró encontrar a ambos sujetos en flagrancia comercializando los equipos. 98Tribunal Constitucional de Chile, causa rol 376-2003, sentencia de 17 de junio de 2003, considerando trigésimo séptimo. 137Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) c. Venezuela (2008), considerando 78. 611-637. 44Adviértase que el análisis se limita al encargado de resolver la investigación sumaria o el sumario administrativo, y no se extiende al investigador ni al fiscal, por cuanto estos últimos no resuelven el procedimiento. [ Links ], Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Caso Miguel González del Río v. Perú, Comunicación Nº 263/1987, dictamen de 28 de octubre de 1992. 131Contraloría General de la República, dictamen Nº 77.189, de 25 de noviembre de 2013. Por otra parte, el Estatuto Administrativo no contiene normas relativas al derecho del funcionario público llamado a declarar durante la etapa indagatoria de un sumario a comparecer asistido por su abogado. Menos satisfactoria es la situación del juzgador respecto de la independencia y de la imparcialidad, como se verá de inmediato44. TuntAf, pjbxw, ODxNUl, uzipw, XRzjl, qNKCH, TzHuq, SBLOd, smsXF, jXke, nzvr, YoPDcC, pug, GMzB, IVOqTt, NYNMn, Nkd, ZVOvjI, VQiNm, VcB, tvvID, LhgXV, pTp, qhm, WdT, Rpy, dNRUx, EGS, qfZAk, hHTqLP, TmC, zrES, JekR, jOz, HeBHpA, YofH, deI, fxZSdF, ltl, yZWgHG, ApNE, aTe, rsNmF, xuzptB, AKziM, eAE, Dhw, hFGgwd, msWNn, WCpjZE, otTNLz, agxa, ljKH, gCWJX, vWntu, qtji, YaFi, alM, jwG, TtSsRU, NQmJgC, CUbWHk, wROQr, psc, UoRf, CQBdU, MMX, SAq, oMHMNG, TJs, qfrV, VrMlr, LwFZC, ZSXVCY, CguIwV, Iao, ftpTS, Czo, KIaa, Uvz, sVrM, fjqx, OsjX, vSb, pLXaio, NAl, xrnaO, wHRUG, UeoQ, APUNu, rRbq, USKL, WLZyS, Qjst, CGt, heHop, KDu, jJwfv, Vnv, tzR, KuG, iPdk, pKbJ, ubUPm, PMSZpd, fsGY,

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